A.N.A NO AGRUPA, NI REPRESENTA A TODO EL GREMIO VALUATORIO

a. Falta de legitimidad:

La falta de legitimidad democrática es la idea-fuerza que late en todos los reproches que los juristas han dirigido a la autorregulación, la cual se considera, desde esta perspectiva, bien una manifestación más de la apropiación del poder político por grupos sociales no elegidos democráticamente, ni sujetos a responsabilidad por las posibles desviaciones en el ejercicio de ese poder, bien puede ser una forma moderna de corporativismo, ligada a la vieja noción del “derecho de clase” anatematizada por los postulados ideológicos de la revolución francesa. Un buen número de los organismos de autorregulación (singularmente, los de carácter profesional) se duelen de una escasa legitimidad ad-intra respecto de los miembros de la propia profesión, que propicia toda suerte de abusos y conflictos de intereses. Es precisamente esta permanente tensión de intereses sobre la que nuestra doctrina asienta la necesidad de una completa separación entre los órganos reguladores y las empresas reguladas.

b. Naturaleza anticompetitiva:

No son pocos los modelos teóricos que predicen cómo algunos agentes del mercado (los más poderosos o los más próximos al regulador) pueden servirse de la autorregulación como instrumento para la obtención de rentas supracompetitivas. Los organismos de autorregulación profesionales dotados de la potestad exclusiva de conceder licencias u otros títulos habilitantes para el ejercicio de una actividad o profesión han abusado históricamente de dicho poder para impedir la entrada de nuevos competidores. Son las propias leyes del mercado (singularmente la búsqueda de rentas y la maximización de beneficios) las que generan el riesgo de que los organismos de autorregulación actúen guiados simplemente por los intereses individuales de sus miembros y en contra del interés público.

c. Ineficacia:

Otro de los problemas que se han identificado con la actividad de los autorreguladores es su incapacidad o ineficacia al momento de supervisar o monitorear el cumplimiento de sus normas, así como la falta de capacidad para imponer sanciones ejemplarizantes o que tengan un impacto real en el mercado. Así, se señala que los poderes y facultades de los autorreguladores usualmente son de naturaleza contractual y, aunque en algunos casos de orden legal, nunca es suficiente para que esos organismos tengan la posibilidad de imponer sanciones de tipo penal.